La Justicia Federal profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. El foco está puesto en reformas de lujo pagadas en efectivo, compra de sábanas premium por millones de pesos a nombre de terceros y severas inconsistencias en su declaración jurada.
La situación judicial de Manuel Adorni se complica hora tras hora. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha puesto la mira sobre un monumental desembolso estimado en medio millón de dólares, destinado a la adquisición, remodelación y equipamiento de una lujosa propiedad en el exclusivo club de campo Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Las erogaciones bajo análisis colisionan de frente con el histórico discurso de austeridad del Poder Ejecutivo y despiertan fuertes sospechas sobre el origen de los fondos.
La pesquisa sumó un capítulo crítico tras la apertura del teléfono celular del contratista de la obra, Matías Tabar. En sede judicial, el constructor ratificó que las ambiciosas reformas de la vivienda —que incluyeron parquizado, mármol travertino, refacciones en la piscina y un sistema de climatización— demandaron un total exacto de 245.929 dólares, abonados casi en su totalidad en efectivo y sin documentación formal. La cifra declarada por el prestador contradice de forma directa la rectificación de la declaración jurada del propio Adorni, quien había registrado gastos de remodelación considerablemente menores.
Facturas sospechosas y triangulación de compras
La sospecha de una presunta maniobra de ocultamiento patrimonial se disparó con la aparición de chats entre el contratista y Gisela Kocsis, secretaria privada del área de Comunicación del Estado y estrecha colaboradora de Adorni. En los mensajes se detectó el intercambio de fotografías de electrodomésticos y amoblamientos destinados al lote del country.
El dato que más alarmó a los investigadores es una factura emitida en junio de 2025 por la firma Rosen The Store que asciende a $8.183.303,25 en concepto de sábanas premium, colchones y ropa blanca. La compra fue confeccionada a nombre de la secretaria Kocsis y abonada en efectivo, presumiéndose que se trató de una triangulación para evitar que el nombre del jefe de Gabinete figurara en los registros comerciales. Ante esto, la fiscalía ordenó pericias urgentes a la firma proveedora y dispuso la citación de la empleada pública en calidad de testigo.
Las cuentas que no cierran
El desglose de los movimientos financieros del funcionario expone baches técnicos imposibles de justificar de forma inmediata. Al sumar el valor de compra inicial del inmueble, las refacciones de lujo constatadas por la constructora, los gastos de expensas acumulados y otros viajes familiares al exterior pagados en billete físico, el volumen total de dinero movilizado supera la barrera de los 446.000 dólares.
Especialistas judiciales advierten que el saldo resultante entre la tenencia de dólares declarada formalmente por Adorni y sus egresos reales en efectivo arroja una incongruencia millonaria. Mientras la oposición amplía las denuncias por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos debido a un incremento patrimonial superior al 500%, el fiscal Pollicita ya solicitó formalmente los registros de ingreso de proveedores al barrio privado para determinar si existen más bienes de alto valor ocultados a la Oficina Anticorrupción.
